Ahora viene el ajuste

Por Alejandro Cancelare

La detención del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina esta semana fue la señal más fuerte que dio la gobernadora María Eugenia Vidal para dentro y fuera de la política luego de la purga encarada en la Policía Bonaerense.

Medina, un “intocable” del ombligo provincial como lo es la ciudad de La Plata, era el secretario general de la UOCRA regional y un ordenador, con similitudes a la extorsión, de cuanta obra se ejecutara en su territorio, ya sea privada o pública.

Desde siempre los gobernadores e intendentes debían “rendirse” ante sus presiones para no tener ningún problema personal o político, como ser manifestaciones, actos de violencia y parálisis.

Al parecer, la suerte del sindicalista quedó echada cuando le impidió al jefe de gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña, recorrer una obra financiada por su gestión. A su lado estaba Julio Garro, el intendente de La Plata que alertaba privadamente, nunca en público, sobre los problemas que le traía la convivencia con Medina.

Policía, Servicio Penitenciario, Sindicatos, Educación y Justicia fueron alertados y luego intervenidos por la Gobernación. Ahora viene la política, lisa y llana.

Para esto, Vidal envió la orden que consensuó con el presidente Mauricio Macri: bajar sensiblemente los costos de la política y, además, cambiar el FIM, Fondo de Inversiones Municipales, que actualmente asciende a $8.500 millones de pesos.

Ese monto, que se redujo $1.500 millones de pesos desde 2016 a 2017, se modificará producto de la nueva realidad política si, como se supone, Cambiemos triunfa en Octubre próximo.

Hasta el tratamiento del presupuesto del año pasado, el oficialismo necesitó del acompañamiento, a los ojos de Elisa Carrió, extorsivo, del Frente Renovador y del peronismo dialoguista para endeudarse y paliar el déficit heredado del gobierno anterior. Con parte de ese monto se constituía el FIM, que luego se distribuía con cada giro de la coparticipación provincial a los municipios.

Según presumen en las cercanías de Vidal, ese dinero no fue utilizado como correspondía por los intendentes. Algunos los ponían a trabajar financieramente y otros jamás ejecutaban lo que solicitaban.

El andamiaje financiero ideado por el oficialismo bonaerense sería el otorgar un 70% del costo de la obra ejecutada en cada distrito con posterioridad a la presentación de un certificado de avance de obra. El 30% restante estará a cargo del municipio.

Esta modificación servirá también para tener mayor control político. No solo financiero. Intendente que no ejecute, comuna que atrasará.

Lo mismo sucederá para la Legislatura bonaerense, siempre observada por su impresionante presupuesto, aunque solo sea una ínfima parte de los gastos totales de la Provincia. Ahí los diputados y senadores deberán revisar no solo los contratos sino los gastos en materia de asesoramiento y consultoría, desaparecerá la “doble firma” que hoy obliga al presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, compartir los gastos con la oposición y disminuirá, ostensiblemente, las erogaciones por publicidad.

El “Círculo Rojo” en pleno no está entendiendo lo que está pasando en la Provincia, mientras se distraen en campañas, y gastan a cuenta.

 

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Alejandro Cancelare

Alejandro Cancelare

Periodista, analista político, escritor en Sentido Común.

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